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  • Foto del escritorRocío Lanzós

Delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores

Actualizado: 3 nov 2023

Algunos de los “motores” de la economía española son sectores donde existe una elevada siniestralidad laboral: ya sea en términos absolutos (sobre todo, la construcción y la obra civil), ya sea en términos relativos (sectores que no ocupan a mucha gente, pero donde existe elevada siniestralidad: minería extractiva o pesca de altura).



Esto ha llevado a que durante décadas nos mantuviésemos con unas cifras de muertes y lesiones graves en accidentes laborales extraordinariamente alarmantes que, durante el “boom” de la construcción entre los años 1996 y 2008 rondaban los 1500 muertes anuales, 2/3 de ellas en el puesto de trabajo y 1/3 de ellas in itinere.


En el drástico descenso iniciado a partir del cambio de siglo inciden muy diversos factores. Uno de ellos es el aumento de la cultura de la seguridad en el trabajo, incentivado por políticas de formación, inspección, sanción, etc. es en este ámbito donde se inscribe el Derecho Penal del Trabajo.


La conducta típica del delito contra la seguridad y salud de los trabajadores establecido en los arts. 316 y 317 del Código Penal consiste en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores trabajen seguros, poniendo así en peligro grave su vida, salud o integridad física. Nos encontramos, pues, ante un delito cuya conducta típica se define como una omisión. Como es archisabido, esto no significa que el comportamiento haya de revestir la forma de una pasividad: puede consistir también en una conducta activa (p.ej.: ordenar la retirada de medios, entregar unos medios insuficientes, asignar tareas nuevas a sabiendas de que los trabajadores no pueden desempeñarlas con seguridad porque no estaban inicialmente previstas en los planes de seguridad, etc).


Esos medios no facilitados a que se refiere el tipo penal pueden ser:

- Equipos de protección individual (cascos, arneses, guantes plásticos que eviten contacto eléctrico, botas de trabajo que implican aplastamiento, etc).

- Sistemas de protección colectiva (barandillas, zócalos o mallas que impidan caídas al vacío; disruptores diferenciales y tomas de tierra que impidan contactos eléctricos o mortales; marquesinas contra caída de objetos, etc).

- Medidas de organización del trabajo (delimitación de zonas donde no se puede sobrevolar carga que pueda caer sobre los trabajadores, por ejemplo).

- Medidas formativas que son habitualmente consideradas medios preventivos. Como asignar a un trabajador una tarea para la que no haya recibido la preceptiva formación en materia de prevención de riesgos puede ser perfectamente una conducta típica de los arts. 316.317 CP.


Debe tenerse en cuenta que hay sectores donde las medidas requeridas son objeto de una regulación exhaustiva; pero otros donde la regulación es más fragmentaria e inconcreta. Es importante destacar este extremo, puesto que los empresarios tienen muchas obligaciones de seguridad, pero sólo la infracción del deber de FACILITAR puede realizar el tipo penal del art. 316 del Código Penal. Así, no entra dentro del tipo penal la conducta de no supervisar si los medios están siendo usados. Aunque la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en su art. 17.2 nos diga que el empresario debe velar por el uso efectivo de los equipos de protección individual. Pero ojo, ello no implica que no se pueda tomar en cuenta esa omisión a los efectos de una posible responsabilidad por lesiones o muertes imprudentes.


La legislación exige para que sea delito un peligro grave emanado de la conducta. Probablemente la incertidumbre más importante a la hora de determinar la tipicidad objetiva sea conceptuar lo que es “peligro grave”. La jurisprudencia sostiene que hay que hacer un juicio relevante de probabilidad de que se vaya a producir un daño a la vida, a la integridad física o a la salud de algún trabajador. Pero no queda claro cómo se cuantifica. Lo que está claro es que se excluyen los casos de probabilidad reducida y los de probabilidad de un daño de escasa entidad. Es importante saber que no hay riesgo grave si es remoto; y tampoco hay riesgo grave si hablamos de la posibilidad de una afectación escasa a la integridad física.


Hay que tener en cuenta que la actividad productiva es un ámbito de riesgo permitido: el ordenamiento permite que se actúe generando riesgos que ponen en peligro a otros. Construir en altura, manipular ciertos productos químicos o desactivar artefactos explosivos comporta necesariamente un cierto riesgo. Múltiples normas de distintos rangos (leyes, reglamentos, reglamentos técnicos, convenios colectivos) precisan qué se puede hacer y que no se puede hacer para cada tipo de actividad y para cada operación productiva en el marco de cada actividad. Indican que ha de hacerse para mantener controlado el peligro. No obstante, este delito se puede castigar también por imprudencia grave.


Los sujetos activos del delito son los empresarios y también sus delegados, tanto los jefes de obra como el director en fase de ejecución, el técnico en riesgos laborales, el coordinador de seguridad y salud. Se ha discutido si también deben ser tomados en cuenta los inspectores de trabajo o incluso los representantes de los trabajadores; sin embargo, están exentos porque no son destinatarios de la obligación de suministrar medios.


Este delito puede comportar penas desde 6 meses hasta 3 años de prisión y multa de 6 a 12 meses.


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