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  • Foto del escritorRocío Lanzós

¿Las criptomonedas pueden facilitar el blanqueo de capitales?

Actualizado: 11 oct 2023

Las monedas virtuales como el Bitcoin se están volviendo cada vez más comunes y ofrecen a los traficantes un método relativamente seguro para mover las ganancias ilícitas en todo el mundo, con mucho menos riesgos en comparación con los métodos tradicionales. Estos métodos permiten a las organizaciones criminales internacionales transferir el producto ilícito a nivel internacional y con más seguridad.




Existen unos riesgos que al blanqueo de capitales le ofrecen los criptoaptivos, los analizamos desde un modelo explicativo y analítico del blanqueo de capitales que ha sido muy acogido por la doctrina y por los distintos agentes que se ocupan de esta materia. Este modelo contiene tres fases que son: la colocación, el encubrimiento y la integración o afloramiento.


- Primera fase: La colocación. Se introducen en el ciclo financiero legal los activos que se han obtenido de manera criminal. Esto se realiza mediante la introducción en cantidades pequeñas o cierto tipo de subterfugios que permiten eludir los controles que deben pasar los activos financieros para su libre circulación.


- Segunda fase: El encubrimiento. Se intenta ocultar el historial criminal de los activos para dificultar el rastreo del camino que los une con los hechos criminales.


- Tercera fase: La integración o afloramiento. Se trata de permitir que estos activos ilícitos afloren en el mercado financiero pero con una historia legal que no lo relaciona con un inexistente origen. De esta manera, la organización criminal recupera esos activos y puede justificar de que origen lícito absolutamente falso procede ese bien.


Por su parte, los criptoaptivos o criptomonedas tienen dos rasgos muy importantes que indicen sobre estas fases que acabamos de explicar. Estos son: la trasnacionalidad y el anonimato.


El blanqueo busca la trasnacionalidad porque es mucho más difícil investigar o detectar un hecho delictivo cuando está repartido a lo largo de distintas jurisdicciones nacionales. El blanqueo busca normalmente la actividad de entidades de crédito multinacionales que están especializadas en transacciones. De esta manera, se favorece la actividad hacia jurisdicciones no colaboradoras. La actividad anti blanqueo nacional e internacional se ha centrado mucho en este tipo de agentes transfronterizos y saben donde focalizar los controles de actividades sospechosas. Los criptoactivos viajan digitalmente por la red y facilitan las transmisiones trasnacionales del dinero. No hablamos de medios de pago gestionados por entidades bancarias públicas ni privadas, sino de una descentralización en donde no es necesario justificar de donde procede una entrada de dinero. No existe la necesidad de disimular o fraccionar dado que no hay exhaustivos controles de tráfico. Esto favorece la fase de colocación.


Otro factor fundamental es el anonimato, hace prácticamente innecesaria la fase de ocultación y facilita enormemente la fase de integración. Los criptoactivos permiten un anonimato muy superior a los medios de pago comunes. Facilitan la gestión del dinero en mayor medida que el pago en metálico o con tarjeta de crédito. Nadie sabe donde ha estado y nadie sabe a donde va. Por ello el anonimato puede ser gestionado de una mejor manera al no realizar un envío a una dirección concreta porque no se utilizan proveedores de servicio. Las direcciones de Bitcoin que funcionan como cuentas no tienen una identificación personal del sujeto activo de la operación. No generan unos registros historiales asociados a personas o entidades concretas y no requieren esa identificación o esa verificación de identidad concreta de los participantes reales. Uno de los factores de seguridad de la transacción en el ámbito de los criptoactivos viene proporcionado por el Blockchain, pues garantiza la trazabilidad de las transacciones pero esa trazabilidad garantizada no implica la identificación de los actores reales.


A esto se añade la posibilidad de utilizar tecnologías de la información que oscurecen o dificultan la investigación de las identidades concretas. Estos son los llamados mezcladores o tecnologías como Tor (The Onion Router), sirven para cifrar toda la información a través de múltiples ordenadores en todo el mundo en numerosas y sucesivas capas de cifrado que hace que sea muy difícil la localización. Por esto precisamente se dificultan las intervenciones de prevención o detección de lavado de dinero, porque se parte de la base de que impide saber quiénes son realmente los sujetos que intervienen en estas operaciones y, por supuesto, se impide saber la procedencia de los activos.


La Unión Europea ha realizado una directiva anti blanqueo en donde se establece una primera intervención dirigida a los Exchanges, que son los proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales y monedas de curso legal y a los Wallets que son los proveedores de servicio de monederos electrónicos online. Desde 2018 los Exchanges y los Wallets tienen la obligación de registrar e identificar a los usuarios que hacen uso de sus servicios. Pero ello no soluciona el problema, porque los propietarios de los criptoactivos pueden seguir realizando operaciones siempre y cuando las realicen al margen de estos proveedores de servicios de cambio y servicios monedero, entonces, esas operaciones seguirán estando fuera del alcance de las medidas anti blanqueo. Habrá que ver, en todo caso como, evoluciona la normativa.


En definitiva, los criptoactivos y las criptomonedas son canalizaciones modernas de una nueva forma de criminalidad, especialmente, del delito de blanqueo de capitales. En la mayoría de los países de nuestro entorno ya se puede acceder a bienes y servicios pagando con monedas virtuales, bienes y servicios que incluso están en el mercado legal. Las criptomonedas dificultan enormemente la acción de las fuerzas del orden porque es difícil vincular el activo con su titular. Es evidente que se puede acudir a Exchanges o Wallets pero claro, solo recabarían información en la medida en que los delincuentes acudan a estos proveedores de servicios para gestionar sus pagos. Esto se podría combatir con unas unidades judiciales específicas, estudio de indicios relacionados con la geolocalización, franjas horarias en las que tienen lugar las conectividades, etc. que permitan a las autoridades encargadas de la investigación obtener indicios pero siempre y cuando recaban un conjunto probatorio adicional para poder intervenir de manera efectiva.

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